"Lamentamos que la CorteIDH haya emitido una resolución que, excediendo sus competencias, ha desnaturalizado la figura de las medidas provisionales, de carácter temporal y excepcional para garantizar el resultado de fondo, y ahora mantenga la práctica de extender sus alcances arbitrariamente a situaciones nuevas que se relacionan de manera directa con lo dictaminado en su oportunidad", indicó la misiva.
La CorteIDH había requirió el martes pasado al Estado peruano que "tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú".
La norma aprobada por el Congreso plantea impedir que se procese en Perú a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002, por lo que, según los congresistas que la promovieron, beneficiará a centenares de militares y policías por delitos cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000).
Con la firma de Boluarte y Soto y dirigida a la presidenta de la CorteIDH, Nancy Hernández, las cabezas de dos poderes peruanos rechazan "de manera categórica" los términos de la resolución de dicho tribunal y puesto que "supone el desconocimiento de la soberanía estatal y el principio de separación de poderes".
"Por esa razón, deploramos profundamente que la CorteIDH, en la referida resolución, implique que el Perú no es un Estado constitucional de derecho y que carece de los mecanismos propios de una república democrática en la que operan el balance y control de los poderes públicos", señala la carta.
Y sostiene que la resolución "transgrede de modo evidente el rol subsidiario que debe asumir (el tribunal)".
Además, "rechazaron con vigor" que la CorteIDH utilice el término "conflicto interno armado", puesto que este "ofende la conciencia cívica nacional y ofende la memores de miles de peruanos asesinados por las horas terroristas".
Boluarte y Soto pidieron al tribunal "en un ejercicio de autotutela" que "corrija sus excesos" puesto que esta resolución "termina por lesionar el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos".
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