La Oficina del Distrito Central de Seúl realizó la solicitud poco después de que Lee, de 58 años, fuera llevado a un hospital debido al deterioro de su salud por la huelga de hambre que mantiene desde hace 19 días en protesta por las políticas del Gobierno del conservador Yoon Suk-yeol, que, según él, han roto el orden constitucional.
Los fiscales lo acusan de hacer perder unos 20.000 millones de wones (unos 15 millones de dólares) entre 2014 y 2015 al Ayuntamiento de Seongnam, ciudad dormitorio en el extrarradio de Seúl, después de que el Consistorio cancelara repentinamente un plan para levantar vivienda de alquiler social y permitiera a una promotora hacerse con el desarrollo.
También consideran que Lee solicitó, entre 2019 y 2020, a una empresa transferir unos 8 millones de dólares a las autoridades norcoreanas -algo que sin previa autorización es delito en Corea del Sur- de cara a facilitar que el político visitara el Estado vecino, con el que técnicamente su país sigue en guerra.
Por ese entonces Lee era gobernador de Gyeonggi, la provincia que rodea Seúl y las más poblada del país (más de 13 millones de habitantes), y se perfilaba como candidato a las presidenciales de 2022 defendiendo el diálogo y el acercamiento entre las dos Coreas.
En todo caso, una corte solo puede deliberar sobre la petición de arresto de la Fiscalía una vez que lo apruebe la Asamblea Nacional (Parlamento), puesto que todo diputado en Corea del Sur cuenta con principio de inmunidad.
En febrero de este año la Asamblea Nacional ya realizó una votación en la que finalmente se optó, por un solo voto, por no retirar la inmunidad a Lee, al que la Fiscalía acusó de estar ligado a otros dos escándalos de corrupción.
Teniendo en cuenta que el PD ostenta una clara mayoría sobre el gobernante Partido del Poder Popular (PPP) al contar con 169 asientos por 115 de la formación de Yoon, esa votación mostró que muchos en el partido de Lee no apoyan su liderazgo.
A su vez, Lee y sus seguidores han defendido su inocencia y argumentado que la investigación de la fiscalía tiene una motivada política orquestada desde la oficina del presidente, puesto que Yoon fue fiscal general del Estado justo antes de acceder al poder.
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